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En busca de solucionar el problema de la acumulación de fraccionamientos sin entregar a los ayuntamientos y el de trámites municipales lentos para construcción de vivienda, la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado de Sinaloa analizará una iniciativa de reformas legales que próximamente presentará la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda ante el Poder Legislativo.
Al sostener una reunión con desarrolladores de la Canadevi, la presidenta de la Comisión de Vivienda, María Victoria Sánchez Peña, señaló que están en la mejor disposición de apoyar la iniciativa para generar un círculo virtuoso donde los municipios como las constructoras cumplan con lo que les corresponda en beneficio de la ciudadanía y esta no quede en medio de una situación complicada por la falta de servicios públicos.
La diputada María Victoria Sánchez Peña indicó que como Comisión hay interés por conocer las inquietudes del gremio constructor de vivienda porque el desarrollo de fraccionamientos impacta en la planeación de los municipios y en un tema básico como es la recolección de basura, electrificación, parques y vialidades en buen estado.
Resaltó que trabajarán en la creación de un censo de empresas desarrolladoras cumplidas con la ley para que las y los ciudadanos tengan información fidedigna acerca del prestigio de cada una de estas.
La diputada Giovanna Morachis Paperini, secretaria de la Comisión de Vivienda; y las diputadas Concepción Zazueta Castro y Felicita Pompa Robles, vocales de la Comisión, coincidieron en que existe voluntad para coordinar esfuerzos en busca de una salida favorable a esta problemática social.
Durante la reunión de trabajo de este miércoles, el presidente de la Canadevi Sinaloa, Alejandro Choza González, dijo que en Culiacán hay 144 fraccionamientos sin entregar al Ayuntamiento, en Ahome ronda entre 35 y 40, y en Mazatlán son alrededor de 100.
Expuso que la principal demanda de los desarrolladores de vivienda agremiados a la Canadevi es destrabar la gestión en los ayuntamientos donde sus proyectos pueden tardar hasta dos años para alcanzar el permiso de construcción, además de una demora similar para la entrega legal de los fraccionamientos a los municipios.
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