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«Yo sí defiendo la autonomía universitaria, las decisiones de los universitarios, y que en los procesos no se entrometan políticos, que sean los universitarios quienes decidan el destino de la Universidad y no gente externa que oficialmente quiera entrometerse”, expresó Gonzalo Armienta Hernández.
El académico e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), mencionó que aún y cuando no tiene afiliación política con ningún partido, sí observa cómo una ley estatal, como la recién publicada en el estado de Sinaloa, transgrede la autonomía.
“Una de mis convicciones es siempre defender la autonomía universitaria, para mí la universidad pública me ha dado todo y sin costo alguno”, aseguró.
El también especialista en derecho constitucional, señaló que la máxima norma jurídica a nivel nacional es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se ha luchado mucho porque el artículo tercero contemple que las universidades deben ser autónomas, alejadas de toda influencia de partidos políticos, de grupos externos gubernamentales, que sean los universitarios quienes decidan el rumbo de la universidad.
“Lo señala muy claramente el artículo tercero fracción VII constitucional, que las universidades son autónomas, y la autonomía significa precisamente el autogobierno de la propia universidad, de ahí surgen una serie de las leyes, una de ellas es la Ley General de Educación Superior que rige a toda la República Mexicana”, expuso
Explicó que no se le llama federal porque da un marco general para que las entidades federativas hagan sus propias leyes, y que lo señala muy claramente en el artículo segundo de la misma ley general de la República, “que cualquier modificación a la ley orgánica de las universidades deben tomar en cuenta a la comunidad universitaria, mediante consultas que se hagan a su comunidad”.
“Eso quiere decir que la consulta que se haga a su comunidad, son los universitarios los que deben programarla, los que deben instrumentarla, cualquier intromisión externa, llámese gobierno federal, gobierno estatal, Cámara de Diputados, senadores, legislativo o poder judicial, sería una intromisión a la autonomía universitaria, porque la ley general dice que se consultará a su comunidad y también al máximo órgano de gobierno, que en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa es el Consejo Universitario”, manifestó.
Dijo que, en el caso del artículo tercero de la Ley de Educación Superior para el Estado de Sinaloa, desde el punto de vista constitucional, es violatoria de la ley general, porque la del estado va más allá.
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