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En México, para que una entidad del Ministerio Público investigue a una persona tiene que haber de por medio una denuncia o querella. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa (UIPES) mantiene una práctica prohibida por la Constitución, en el que primero hace la investigación y luego denuncia. Más grave aún cuando dicha Unidad es parte de la misma Fiscalía General del Estado, informó el director de la Facultad de Derecho Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Ramón Bonilla.
En entrevista para Radio UAS, el integrante del Cuerpo Jurídico para la defensa de la Universidad señaló que los actos de investigación son posteriores a las denuncias, no pueden ser anteriores. Dijo que fue el mismo gobernador Rubén Rocha Moya quien, durante la Conferencia Semanera del pasado 22 de mayo, mencionó que la UIPES ya estaba revisando a la UAS y posteriormente comenzaron a publicarse diversas denuncias en los medios de comunicación.
Bonilla Rojas señaló que, en el caso de la UIPES, ya hay funcionarios de la UAS que tienen una suspensión en contra de lo que ha realizado dicho órgano respecto a su investigación. Así, durante esta semana varios jueces federales comenzarán a pronunciarse respecto a la actuación de la Unidad.
“¿Qué quiere decir esto? Pues que la UIPES primero investigó y después denunció, lo cual va a ser puesto en tela de juicio ante un juez federal. Bueno, te lo digo ya públicamente, ya lo están conociendo jueces federales y, por lo menos en el caso de dos funcionarios de la Universidad, ya lo puedo decir, ya un juez federal se está abocando a conocer sobre el actuar de la UIPES, de tal manera que también Fiscalía está sobre el ojo de un juez federal”, mencionó.
Por otra parte, indicó que hay demandas de amparo admitidas y suspensión en contra de la Auditoría Superior del Estado por intromisión en esferas competenciales que no le corresponden, así como contra la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado por haber ordenado una auditoría a los recursos propios, cuando no está en su atribución. Señaló que, aunque las autoridades estatales y el Congreso del Estado han intentado poner el tema como una situación de rendición de cuentas y falta de transparencia, el problema es de materia competencial.
“La Universidad no niega que entre la Auditoría Superior de la Federación para recursos federales, la Universidad no niega que la Auditoría Superior del Estado entre para recursos estatales no federalizados, pero a lo que son ingresos propios que produce la propia Universidad hay otro esquema de Fiscalización, que por cierto está en la propia Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aprobada por el propio Congreso del Estado, donde se narra cómo es la dinámica”, comentó.
El académico universitario añadió que los jueces federales han decretado suspensiones en ese caso, incluida una definitiva en contra de la ASE, por lo que en esa cancha se sabrá si es procedente o no lo que está haciendo la Auditoría, pues como el Poder Legislativo no ha entendido ni con escritos ni con razones, han tenido que ir con los jueces para que lo determinen.
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