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La Fiscalía incumplió con el mandato constitucional al no hacer la entrega completa del contenido de la carpeta de investigación, hecho que afecta el derecho a la adecuada defensa de los imputados y demuestra la persecución en contra de los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, declaró el equipo de abogados que encabezan la defensa del Rector de la UAS, el doctor Jesús Madueña Molina y del abogado general, el doctor Robespierre Lizárraga Otero.
Luego de que este 18 de agosto se retomará la audiencia inicial que fue diferida el pasado 14 de julio, el abogado Milton Ayala Vega, quien junto con el licenciado Raúl Monzón González, integran la defensa del dirigente universitario, sostuvo que las pruebas entregadas por la Fiscalía presenta inconsistencias y faltantes.
“El artículo 20 constitucional apartado B fracción sexta textualmente dice: la persona que sea imputada o citada a una audiencia antes de llegar a ella debe de contar con todos los elementos de esa investigación para ejercer el derecho a una defensa adecuada lo que hoy, hasta el día de hoy no ha sucedido”, señaló.
Manifestó que debido a esta serie de inconvenientes, que viola el derecho fundamental que les asiste a los acusados, el Juez de control Adán Alberto Salazar se vio obligado a suspender la audiencia y diferirla para el próximo lunes 21 de agosto a las 9:00 de la mañana, hecho que dijo, también afecta el derecho del Rector Madueña Molina, ya que también está citado a comparecer el día 23 de agosto, desconociéndose aún el contenido de dicha carpeta de investigación.
“El mismo juez resolvió y aceptó que al no tener la carpeta pues estábamos imposibilitados en llegar a esas audiencias, lo triste es que la Fiscalía viene y acusa primero y después nos da las pruebas o los datos de pruebas, como se llama técnicamente, para podernos defender, esa es una persecución en contra de los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, mencionó.
A su vez, el licenciado Alfonso Carlos Ontiveros Salas, quien se presentó como el abogado personal del doctor Robespierre Lizárraga Otero, expuso que se coartando el derecho de la debida defensa, ya que la Fiscalía, les está entregando de manera dosificada todo el contenido de la carpeta de investigación objeto de este proceso penal.
“Es obvio de que la defensa no puede sentarse con elementos técnicos de ellos para analizar algo que totalmente es algo desconocido para nosotros y desde luego pondríamos en riesgo la defensa adecuada de parte de cada uno de los imputados”, indicó.
Asimismo, lamentó que el Juez se dejará llevar por la presión que impone la Fiscalía, y no considerará los argumentos de la defensa para diferir la audiencia a un plazo razonable, para efecto de que el equipo de abogados defensores pueda analizar y cotejar todos los documentos y CD`s que integran los datos de pruebas.
“Qué indica todo esto, la persecución de la que han sido objeto los funcionarios universitarios y la limitación en esa adecuada defensa que como derecho constitucional tienen ellos; sin embargo, seguimos adelante”, expuso.
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