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Ante la creciente preocupación por la violencia armada en el país, el Gobierno de México reformó recientemente la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de cerrar vacíos legales y frenar prácticas como el contrabando, la fabricación casera y la venta ilegal de armas, argumentó especialista en derecho.
El doctor Gonzalo Armienta Hernández, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), dio a conocer que una de las principales motivaciones detrás de esta modificación legal fue combatir la proliferación de armas en el mercado negro, incluyendo la venta a través de internet. Señaló que incluso en chats de clubes cinegéticos se han llegado a ofrecer armas sin control alguno, lo cual evidencia la urgencia de regular con firmeza estos canales de distribución informal.
Destacó que la nueva legislación ahora contempla sanciones severas para quienes comercialicen armas sin autorización, recordando que la única instancia legalmente facultada para hacerlo es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Asimismo, se penalizó la fabricación de armas mediante impresión 3D, práctica que venía creciendo y que incluso permitía producir armamento letal con materiales plásticos.
Entre los puntos más llamativos de la reforma, el especialista subrayó la autorización excepcional para portar armas a funcionarios del SAT, la Comisión Federal de Electricidad y Banxico, siempre y cuando exista una justificación válida y aprobación por parte de la Sedena. “Además, se permite la posesión de hasta diez armas en el domicilio para fines de defensa personal, siempre que estén registradas y no sean de uso exclusivo del Ejército”, informó.
Otro aspecto relevante es la autorización a ejidatarios y comuneros para portar armas en sus tierras, principalmente rifles de bajo calibre como el .22, siempre y cuando acrediten legalmente su condición. Igualmente, se reafirmó que la portación de armas por la vía pública solo es posible con un permiso específico expedido por la Sedena, previa demostración de necesidad y pago correspondiente, lo que limita su uso generalizado.
Finalmente, el doctor Gonzalo Armienta Hernández consideró que, aunque esta reforma no resolverá por completo el problema de la violencia en México, representa un paso importante al restringir el acceso y uso de armas por parte de actores ligados a actividades delictivas.
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