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Respecto de las notas periodísticas de algunos medios de comunicación, donde se menciona que el Juez Segundo de Distrito negó la suspensión provisional al secretario de Finanzas y presidente de Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Salvador Pérez Martínez, derivado de que él pedía no entregar la declaración patrimonial, es totalmente falso, pues en ningún momento se ha planteado la negativa a ello, indicó el director de la Facultad de Derecho Mazatlán, José Ramón Bonilla Rojas.
El también integrante del Cuerpo de Abogados de la Casa Rosalina, señaló que lo que se está impugnando dentro de la demanda de amparo interpuesta por Pérez Martínez es que los actos de investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa (UIPE), dependiente de la Fiscalía General del Estado, están bajo sospecha de inconstitucionalidad, derivado de que fueron hechos con anterioridad a una denuncia o querella, lo cual está prohibido por la propia Carta Magna.
Detalló que la Fiscalía incurrió en una práctica proscrita por la misma Constitución, además de que la información que se menciona en las notas periodísticas está sesgada, pues incluso el encabezado de las notas nada tiene que ver con lo que están exhibiendo ahí y lo que resolvió el juez.
“Tampoco es motivo de nota periodística que la demanda de amparo fue admitida, es decir, que lo del actuar de la UIPE, de la Fiscalía, del Gobernador, del Gobierno Estatal y del Congreso están bajo la lupa de un juez federal porque se admitió la demanda de amparo. Es cierto, el juez dijo niego la suspensión provisional porque considero que se puede afectar el interés colectivo, pero debo decirle algo, esa suspensión provisional no es definitiva”, dijo.
Bonilla Rojas destacó que esta situación ya está siendo impugnada mediante un recurso de queja que está conociendo ya el Tribunal Colegiado en Materia Penal de 12 Circuito, con sede en Culiacán, donde magistrados federales van a verificar si fue acertado o no lo que decidió el Juez Federal. Recalcó que es parte de un procedimiento y, lo más grave, es que en los medios se intente hacer creer que el funcionario de la UAS pretende no entregar sus declaraciones patrimoniales.
“De hecho eso ni siquiera se está planteando en la demanda de amparo, totalmente falso. Lo jurídicamente relevante es que se admitió la demanda de amparo y, en cuanto a la suspensión provisional, si bien la niega el juez para efectos de que no se paralice la investigación, se está pidiendo que los actos que indagó la UIPE, derivado de la forma irregular, no surten efectos legales de manera temporal hasta que se resuelva el amparo. Ese es el fondo”, dijo.
El académico universitario indicó que todo lo demás tiene que ver o con la ignorancia o con una mala intención para mal informar a la opinión pública.
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