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Las sanciones también se aplicarán a quienes interrumpan la construcción de las vías o a quienes causen daños a los demás servicios que operan en las vías generales
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este martes la reforma aprobada por el Congreso de la Unión de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que prevé penas de prisión de tres meses a siete años de prisión, así como multas de 8 mil 960 pesos y hasta de 44 mil 800 pesos a quienes tomen casetas de peaje con fines de lucro.
“A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, dice el primer párrafo del artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Este decreto entrará en vigor este miércoles, como sucede con las publicaciones que aparecen en el DOF.
El pasado 14 de diciembre, el Pleno del Senado aprobó el decreto con un amplio respaldo de 75 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones.
Las sanciones también se aplicarán a quienes interrumpan la construcción de las vías o a quienes de manera total o parcial interrumpan o deterioren los demás servicios que operan en las vías generales de comunicación.
Durante el debate previo a la aprobación de la reforma, la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la senadora morenista Lucía Meza Guzmán, aseguró que es necesario frenar estas prácticas ilegales que le causan grandes daños al erario, ya que las vías de comunicación son importantes para el flujo comercial, el traslado de mercancías y asegurar la movilidad de la población.
Meza consideró que los bloqueos ponen en riesgo la vida, la integridad y los bienes de las personas que transitan por las carreteras de cuotas del país, aunque aseguró que los ciudadanos están en su derecho de manifestarse de forma pacífica.
Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, cuestionó que en un país donde llegó al poder un movimiento político cuyo líder tomaba pozos petroleros, ahora se busque criminalizar la protesta.
Mencionó el caso de Kenia Inés Hernández, una líder indígena en Guerrero y defensora de derechos humanos, que lleva 423 días en prisión, detenida por protestar en una caseta. En ese sentido, pidió que sean los jueces quienes interpreten si existe lucro o no.
En respuesta, la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz, del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que la propuesta no tiene como objeto “criminalizar la protesta social”, sino evitar que lucre con los bloqueos, que cuestan al gobierno alrededor de cuatro mil millones de pesos. “No es un boteo, es una actividad criminal que han encontrado algunos personajes”, aseveró.
“El derecho a protestar es algo que esta en la Constitución y lo que sí se ha vuelto un problema es que cerca de 4 mil millones de pesos por la toma de casetas hacen pensar que alguien esta lucrando con este mecanismo de protesta”, enfatizó.
Con información de medios
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